El estatuto procesal de la persona jurídica a la luz de un modelo de autorresponsabilidad penal

Resumen

La tesis doctoral está dividida en dos bloques: un primer bloque destinado a definir cuál es el modelo de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas vigente en la actualidad en nuestro ordenamiento jurídico penal y un segundo bloque dedicado a analizar y tratar de solucionar los diversos problemas procesales que surgen durante la tramitación de un procedimiento penal en el que se está depurando la responsabilidad criminal de un ente colectivo. El motivo por el que la presente tesis doctoral está estructurada de esta forma se debe a que resulta imprescindible posicionarse a favor de un sistema teórico de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas para resolver con coherencia las cuestiones procesales que se nos planteen en el procedimiento penal, ya que las respuestas a los problemas que se nos encontremos variarán en función del modelo por el que finalmente nos hayamos decantado. A este respecto, en la presente investigación, tras decantarnos por la vigencia de un modelo de autorresponsabilidad que atribuye responsabilidad penal a las personas jurídicas por su participación en calidad de cooperadoras necesarias por omisión en el hecho delictivo cometido por una persona física (que actúa como requisito ineludible previo), hemos abordado cuestiones procesales de muy diversa índole, como, por ejemplo, la jurisdicción y la competencia de nuestros Tribunales para el enjuiciamiento de las personas jurídicas, su imputación en el procedimiento penal, la figura del representante especial -concretamente, qué personas físicas son capaces de actuar como tal y quiénes tienen la capacidad de designar al mismo- y los posibles conflictos de interés entre esta y la persona jurídica, los derechos que asisten a las entidades colectivas como sujetos de derecho penal y otras problemáticas relevantes como a quién le corresponde la carga de la prueba en esta clase de procedimientos, qué medidas cautelares pueden acordarse frente a las personas jurídicas y la institución de la conformidad.