La financiación ilícita de los partidos políticosRégimen general y respuesta desde el derecho penal

Resumen

Durante los últimos años, han sido diversos los países que han puesto en evidencia el problema recurrente de corrupción dentro de sus organizaciones políticas, generando un desasosiego de la opinión pública y una clara desafección de las personas hacia aquellos que tienen como responsabilidad su representación en el seno de la soberanía nacional, como es el caso del Congreso, el Senado y el propio Gobierno. Esta situación se ha vuelto especialmente grave, cuando los casos de corrupción y de financiación ilegal se han producido en plenas crisis económicas como las de 2008, o incluso durante las crisis sanitarias, como la reciente pandemia, cuyos casos aún no han aflorado a la opinión pública. Esto acontece por la propia contradicción que esta situación supone, ya que los organismos políticos tradicionalmente han afirmado que eran necesarios más recortes, cuando ellos mismos financiaban sus campañas de forma ilícita, generando un desequilibrio entre las fuerzas que se presentaban. Por lo tanto, han sido diversas las reformas que se han producido tanto en la normativa aplicable a los partidos políticos como en nuestro CP, siendo este el objeto de estudio de esta investigación. Dicho lo cual, el objetivo general de esta investigación es llevar a cabo un análisis sobre la financiación ilegal de los partidos políticos en el marco español y las medidas normativas que se han tomado al respecto, para valorar la efectividad de las mismas. Por ende, se realiza un repaso por la evolución normativa y social en nuestro país de las distintas medidas que se han ido adoptando en torno a este tema, y también de lo dispuesto en el marco internacional. Con este objetivo se ha planteado una revisión documental normativa, doctrinal y jurisprudencial, en la cual se compara la normativa con las posturas doctrinales y jurisprudenciales, evidenciando que pese a los cambios que se han introducido en nuestro ordenamiento penal, la efectividad no ha sido la esperada por la doctrina, la cual se posiciona a favor de continuar introduciendo cambios y mejoras que permitan solventar esta situación a corto plazo, especialmente si tenemos en cuenta la importancia del mismo y el daño que ocasiona no solo a la imagen de nuestra clase política, sino que también a las arcas públicas.