Fundamentos jurídicos y fomento de la colaboración público-cooperativa para la prestación de servicios públicos

Laburpena

La calidad en los servicios públicos, es decir, la satisfacción de las necesidades y las expectativas de la ciudadanía de la manera más eficiente posible, constituye uno de los grandes retos que enfrentan las Administraciones Públicas hoy en día. Con el propósito de dar una respuesta adecuada a ese desafío, en tiempos de crisis y de austeridad sobre todo, resulta preciso acudir a fórmulas de colaboración con otros agentes, las cuales, respetando los objetivos de estabilidad presupuestaria, permitan potenciar el desarrollo socioeconómico de las personas y de sus comunidades. Al respecto, el lugar que pueden ocupar las cooperativas cobra especial relevancia, por cuanto tratan de combinar, en virtud de los valores y principios que inspiran su estructura y funcionamiento, el éxito económico con la gestión democrática y la preocupación por el bienestar general. Además, de acuerdo con las nuevas normas relativas a los contratos públicos, que componen el cauce jurídico para llevar a cabo dicha colaboración, el sector cooperativo de iniciativa social cumple los requisitos exigidos para la mejor prestación de ciertos servicios de tipo social y asistencial, donde deben primar los criterios de universalidad, continuidad, igualdad y solidaridad. En efecto, la contratación pública ha pasado de concebirse como un fin en sí mismo a ser considerada, en vista de su importancia cuantitativa y consiguiente influencia sobre la economía, un instrumento de apoyo e implementación de políticas públicas, entre las que se encuentra, precisamente, el fomento del cooperativismo, establecido por la propia Constitución y ampliado por la legislación en la materia. Así pues, junto a las actuales subvenciones y ayudas públicas destinadas a la creación y el crecimiento de esta clase de entidades, sería muy conveniente aprovechar el potencial estratégico de la contratación, a través de los diversos mecanismos existentes, las cláusulas sociales y la reserva de contratos por ejemplo, pero sin olvidar sus limitaciones, defensoras de la libre competencia primordialmente. Y todo ello, con una doble intención: facilitar el acceso y aumentar la participación de las cooperativas en las licitaciones públicas, en aras de su consolidación, y acercarse a los planteamientos de este modelo alternativo de empresa humanista, en aras de una buena Administración, que sea responsable, innovadora y sostenible.