Mecanismos de arreglo de diferencias entre inversores y estados (ISDS) y la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión Europea¿una ecuación (im)posible?

  1. Iruretagoiena Agirrezabalaga, Iñigo 1
  1. 1 Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Revista:
Revista de Derecho Comunitario Europeo

ISSN: 1138-4026

Ano de publicación: 2018

Ano: 22

Número: 59

Páxinas: 219-262

Tipo: Artigo

DOI: 10.18042/CEPC/RDCE.59.06 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

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Resumo

Los mecanismos para el arreglo de diferencias entre Estados e inversores (ISDS) en la Unión Europea se encuentran en una difícil encrucijada. Tras la decisión en el asunto Achmea, que declara la incompatibilidad del arbitraje de inversiones previsto en un APPRI intra-UE con el derecho de la UE, las trompetas suenan la retirada para buena parte de los mecanismos ISDS presentes hoy en Europa. Por su parte, a raíz de la presentación de una solicitud por parte de Bélgica de una opinión sobre la compatibilidad del nuevo sistema de tribunales de inversión previsto en el CETA, gran parte de su futuro está hoy en manos del TJUE. Si se observa la actitud de desconfianza que el Tribunal Europeo viene mostrando respecto a otras jurisdicciones externas, se advierte que la jurisprudencia del TJUE, centrada en la interpretación de la noción de autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión, se antoja premonitoria y poco halagüeña para el futuro de los mecanismos ISDS. En cualquier caso, y a pesar de la sentencia de Achmea, existen razones suficientes de carácter jurídico y de oportunidad política que invitan a una relectura del concepto de autonomía, de modo que sea posible establecer un escenario de confianza y colaboración donde el diálogo entre distintos tribunales sea una opción real.

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En tercer lugar, en todo caso, los tribunales de inversión podrían pro-nunciarse sobre cuestiones de derecho de la Unión, siempre y cuando exis-tieran mecanismos o fórmulas para preservar, en el marco de sus respectivos procedimientos, la competencia del TJUE para realizar la interpretación úl-tima y autorizada de las normas del ordenamiento jurídico de la Unión. Así, una primera fórmula podría consistir en la previsión de un mecanismo a tra-vés del cual los tribunales de inversión pudieran remitir directamente al TJUE cuestiones relativas a la interpretación de normas del derecho de la Unión. No obstante, en los tratados de inversión no existen, ni están previstos en los futuros TLCI de la UE, este tipo de cauces de intervención directa previa del TJUE (Von Papp: 2013). Además, el Dictamen 1/09 del Tribunal de Justicia dibujó un escenario francamente difícil para la viabilidad de cualquier me-canismo de esta índole que pretenda al mismo tiempo privar a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de su facultad de plantear cuestiones prejudiciales conforme al art. 267 TFUE104.

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Fonte de datos: Dialnet